Una comparación de la transposición en España de la Directiva Whistleblower UE 2019/1937 con el resto de los países europeos
La Directiva Whistleblower UE 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, entró en vigor el 17 de diciembre de 2019.
Esta Directiva establece normas y procedimientos para proteger a los informantes sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La Directiva ha sido incorporada al ordenamiento jurídico de la mayoría de los países europeos. En general, los países europeos han adoptado un enfoque similar al de España, incorporando la Directiva mediante una Ley específica.
Unos antes que otros, España no cumplió el plazo inicial y fue incluida en los procedimientos de infringement iniciados por la Comisión Europea (De la Directiva Europea Whistleblower UE 2019/1937 a la Protección al Informante de la Ley 2/2023 de 20 de febrero.) No es un consuelo, peor Polonia y Estonia todavía no la han trasnpuesto.
La Ley 2/2023 establece un marco de protección completo y eficaz para los denunciantes. En concreto, la Ley establece los siguientes derechos para los denunciantes:
- Derecho a la protección frente a represalias.
- Derecho a la confidencialidad.
- Derecho a la asistencia jurídica y psicológica.
- Derecho a la restitución de su posición anterior.
- Establecer un canal de denuncia interno.
- Investigar las denuncias de forma imparcial y exhaustiva.
- Proteger a los denunciantes frente a represalias.
Transposición en otros países europeos
En general, los países europeos han adoptado un enfoque similar al de España, incorporando la Directiva mediante una Ley específica. Sin embargo, existen algunas diferencias significativas entre los diferentes países.
Por ejemplo, algunos países han establecido canales de denuncia específicos para determinadas áreas, como la corrupción o la protección de datos.
Otros países han establecido requisitos más estrictos para las organizaciones en cuanto a la implementación de medidas de protección para los denunciantes.
Algunos ejemplos concretos de la transposición de la Directiva Whistleblower en otros países europeos son los siguientes:
Alemania: la Directiva Whistleblower se ha incorporado al ordenamiento jurídico alemán mediante la Ley de Protección de Whistleblowers (Whistleblowerschutzgesetz), que entró en vigor el 1 de enero de 2023.
La Ley establece un marco de protección similar al de la Ley española, pero incluye algunos requisitos adicionales para las organizaciones, como la obligación de establecer un canal de denuncia externo.
Francia: la Directiva Whistleblower se ha incorporado al ordenamiento jurídico francés mediante la Ley de Protección de los Denunciantes (Loi de protection des lanceurs d’alerte), que entró en vigor el 1 de enero de 2023. La Ley establece un marco de protección similar al de la Ley
española, pero incluye algunos requisitos adicionales para las organizaciones, como la obligación de publicar un informe anual sobre las denuncias recibidas.
Italia: la Directiva Whistleblower se ha incorporado al ordenamiento jurídico italiano mediante la Ley de Protección de los Denunciantes (Legge di protezione dei segnalanti), que entró en vigor el 1 de enero de 2023. La Ley establece un marco de protección similar al de la Ley
española, pero incluye algunos requisitos adicionales para las organizaciones, como la obligación de establecer un canal de denuncia externo accesible a través de una aplicación móvil.
La Autoridad Independiente de Protección
La Directiva Whistleblower establece la creación de una Autoridad Independiente de Protección (AIP) en cada Estado miembro. La AIP es un organismo público independiente que tiene como función supervisar la aplicación de la Directiva y proteger a los denunciantes.
En España, la Ley 2/2023 prevé la creación de la AIP (AAI en España). Sin embargo, todavía no ha sido creada. La razón principal de esta demora es la falta de acuerdo entre el Gobierno y el Parlamento sobre el nombramiento de los miembros de la AAI.
La creación de la AAI es una medida importante para garantizar la correcta aplicación de la Directiva Whistleblower y la protección de los denunciantes en España. La demora en la creación de la AAI es una preocupación para los expertos en compliance, ya que puede dificultar la implementación efectiva de la Directiva.
Conclusiones
La transposición de la Directiva Whistleblower en España se puede considerar que está a mitad para ser un éxito, ya que, aunque se ha establecido un marco de protección completo y eficaz, la demora en la creación de la AAI es una preocupación para los informantes, ya que puede dificultar la implementación efectiva de la Directiva.
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