La AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Informante) ha publicado tres recomendaciones en https://www.proteccioninformante.gob.es/circulares-recomendaciones-y-guias para aclarar criterios y buenas prácticas sobre el Sistema Interno de Información (SII)
Tras el Estatuto aprobado en octubre de 2024, se ha dado un paso decisivo: la A.A.I, Autoridad Independiente de Protección del Informante. entra en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025. Esto convierte su papel institucional en una realidad operativa.
El nuevo retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 pone de manifiesto que las reformas normativas, como la Ley de Protección al Informante, todavía no están produciendo el efecto deseado en la percepción de la corrupción.
La Directiva (UE) 2019/1937, conocida como la “Directiva Whistleblower”, fue aprobada con la intención de establecer un marco homogéneo en los 27 Estados miembros que garantice la protección de quienes se atreven a alzar la voz contra corrupción, fraudes, delitos medioambientales y otros abusos. Sin embargo, la aplicación de esta directiva está quedándose corta en varios países, y España no es la excepción.
El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante,
A.A.I., marca un avance importante en la implementación de esta A.A.I., un órgano clave derivado de la Ley 2/2023, en línea con la Directiva Europea Whistleblower (UE 2019/1937).
Con el retraso de casi un año desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023 el Gobierno ha decidido tramitar por la vía de urgencia el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad
Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
En el contexto de la transposición de la Directiva europea 2022/2555 sobre protección de denunciantes en España, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) se ha enfrentado a retrasos significativos. Aunque la Ley 2/2023 de 20 de febrero establece el marco legal para esta autoridad, su establecimiento concreto se ha visto postergado, generando interrogantes sobre las causas de esta demora en comparación con otros países de la Unión Europea que ya han establecido sus autoridades equivalentes.
Transparencia Internacional ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, donde España se sitúa en el puesto 36 sin que se haya producido la mejora esperada tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de protección al informante (LPI) que regula la implantación del canal de denuncias.
Un informe de Transparencia Internacional publicado en noviembre de 2023 (How well do EU countries protect Whistleblowers? Assessing the transposition of the EU Whistleblower Protection Directive) analiza la implementación de la Directiva Whistleblower en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El informe concluye que, en general, los países europeos han hecho progresos significativos…
La transposición de la Directiva Whistleblower en España se puede considerar que está a mitad para ser un éxito.
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