Retrasos en la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España

En el contexto de la transposición de la Directiva Whistleblower UE 2019/1937 sobre protección de denunciantes en España (ver «De la Directiva Europea Whistleblower UE 2019/1937 a la Protección al Informante de la Ley 2/2023 de 20 de febrero«), la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) se ha enfrentado a retrasos significativos. Aunque la Ley 2/2023 de 20 de febrero establece el marco legal para esta autoridad, su establecimiento concreto se ha visto postergado, generando interrogantes sobre las causas de esta demora en comparación con otros países de la Unión Europea que ya han establecido sus autoridades equivalentes.

Posibles causas del retraso en constitución del A.A.I. en España

• Complejidad administrativa: La configuración de una Autoridad Independiente de Protección del Informante implica una estructura administrativa y regulatoria compleja. La creación de organismos independientes con competencias específicas requiere una planificación detallada y la asignación de recursos adecuados (presupuestos), lo que podría estar contribuyendo a los retrasos en España.
• Disputas políticas: Los desacuerdos políticos sobre la composición, las competencias y el presupuesto de la Autoridad Independiente pueden estar afectando su establecimiento. En un entorno político fragmentado y polarizado, la negociación y el consenso pueden ralentizar el proceso de creación de la A.A.I.
• Recursos limitados: La asignación insuficiente de recursos financieros y humanos para establecer y operar la Autoridad Independiente podría ser una barrera. La implementación efectiva de la A.A.I. requiere recursos adecuados para garantizar su funcionamiento independiente y eficaz.

¿Qué ocurre en otros países de la UE?

En contraste con España y como ha ocurrido en otras ocasiones (ver «Una comparación de la transposición en España de la Directiva Whistleblower UE 2019/1937 con el resto de los países europeos«), varios países de la Unión Europea han establecido con éxito sus propias Autoridades Independientes de Protección del Informante. Por ejemplo:

1. Alemania: La Oficina Federal de Justicia (BfJ) actúa como la autoridad central para la protección de denunciantes en Alemania, proporcionando un modelo centralizado y eficaz.
2. Francia: Francia ha establecido la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) como su autoridad competente para la protección de denunciantes y la lucha contra la corrupción, con un enfoque integral en la supervisión y la aplicación.
3. Italia: La Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) de Italia desempeña un papel crucial en la protección de los denunciantes y la promoción de la integridad en el sector público, sirviendo como modelo de referencia para la implementación efectiva de la directiva de la UE.
4. Países Bajos: Los Países Bajos establecieron una Agencia de Protección de Denunciantes (Huis voor Klokkenluiders) que opera como una autoridad independiente para recibir y gestionar denuncias sobre irregularidades en el lugar de trabajo.
5. Bélgica: Bélgica ha creado la Comisión para la Protección del Denunciante (Commissie voor de bescherming van de klokkenluiders), que tiene la responsabilidad de recibir y evaluar denuncias de empleados que informen sobre irregularidades en el lugar de trabajo.
6. Luxemburgo: Luxemburgo estableció una Autoridad de Protección de Denunciantes (Autorité de protection des lanceurs d’alerte) para proteger a los denunciantes y combatir la corrupción en el sector público y privado.

Estos ejemplos destacan la diversidad de enfoques adoptados por diferentes países miembros de la UE en la creación de autoridades independientes para proteger a los denunciantes. Si bien cada país enfrenta desafíos únicos, la experiencia internacional puede ofrecer lecciones para superar los obstáculos y avanzar hacia la implementación efectiva de la protección de denunciantes en España.

En resumen, los retrasos en la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España pueden atribuirse a una combinación de factores administrativos, políticos y financieros. Mirando hacia adelante, es crucial abordar estos desafíos para garantizar la efectividad y la credibilidad del marco de protección de denunciantes en el país, tomando como referencia las mejores prácticas y lecciones aprendidas de otros estados miembros de la UE.