España entre Fiji y Granada, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado anualmente por Transparency International es una referencia ineludible para medir cómo se percibe la integridad en el sector público de más de 180 países. Este índice se expresa en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el mayor nivel de corrupción percibida y 100 el menor. En 2022, España obtuvo una puntuación de 60; en 2023, mejoró ligeramente hasta 62; sin embargo, en el nuevo IPC 2024 ha retrocedido a 56 puntos, situándose entre Fiji (55) y Granada (57). A pesar de que estas naciones insulares resultan geográficamente distantes y de distinta realidad socioeconómica, la comparación refleja que la lucha contra la corrupción en España aún afronta obstáculos considerables.
En dos artículos anteriores—“La regulación del Canal de Denuncias y Protección del Informante aún no mejora el Índice de Percepción de la Corrupción 2023” y “Cómo debe ayudar la Ley 2/2023 en mejorar el índice de percepción de la corrupción de España”—se exploraban las razones por las que España no había logrado un avance significativo en sus puntuaciones del IPC. A pesar de haber mejorado levemente en 2023, el nuevo retroceso en 2024 pone de manifiesto que las reformas normativas todavía no están produciendo el efecto deseado en la percepción de la corrupción.
En ese contexto, la Ley 2/2023, también conocida como Ley de Protección al Informante, representó un paso adelante al transponer la Directiva (UE) 2019/1937 y ofrecer un marco de garantías para quienes denuncian irregularidades. El objetivo era doble: proteger a los informantes de posibles represalias y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en instituciones y empresas. Sin embargo, la caída en la puntuación del IPC 2024 sugiere que, en la práctica, estas herramientas no han sido implementadas o adoptadas con la contundencia necesaria para generar un cambio real en la percepción de la ciudadanía y de la comunidad internacional, como estamos viendo que no se están usando en los casos más mediáticos.
¿Por qué se ha producido este retroceso en la puntuación? Existen varios factores que pueden explicar el fenómeno:
- Falta de implementación efectiva de la Ley de Protección al Informante: No basta con aprobar una ley si las instituciones encargadas de aplicarla carecen de recursos o independencia suficientes. Las estructuras de control han de ser ágiles, transparentes y profesionales; de lo contrario, la norma queda en letra muerta. En España solo se ha aprobado el estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante.
- Canales de denuncia insuficientes o poco accesibles: Para que un canal de denuncias funcione, debe ser sencillo de utilizar, garantizar la confidencialidad y ofrecer protección real contra represalias. En muchos casos, tanto en el sector público como en el privado, se han establecido protocolos sin la formación o la difusión adecuada, generando desconfianza.
- Percepción de impunidad: La sociedad observa con recelo que los casos de corrupción con mayor repercusión política o económica no siempre derivan en sanciones proporcionales. Cuando los ciudadanos no ven consecuencias claras para los infractores, se incrementa la idea de que la corrupción sigue arraigada.
- Falta de voluntad política sólida: Si bien se han promulgado leyes y directivas, la voluntad política de actuar con firmeza contra la corrupción puede verse erosionada por intereses partidistas o presiones externas. Esto se traduce en escasa financiación para los órganos de control y en escasas reformas que refuercen la independencia judicial y de los organismos fiscalizadores.
- Insuficiente colaboración internacional: La cooperación con otros países y organismos internacionales es vital en la persecución de delitos económicos y de corrupción transfronteriza. Cuando esta colaboración se ralentiza o no se prioriza, los delitos complejos encuentran resquicios para quedar impunes.
La posición de España entre Fiji y Granada evidencia, además, un problema cultural: todavía no existe un respaldo social mayoritario a las denuncias de corrupción, y muchos ciudadanos prefieren no involucrarse por miedo, escepticismo o falta de protección efectiva. Cambiar esa mentalidad requiere no solo leyes bien diseñadas, sino un impulso formativo y de concienciación social que demuestre que denunciar actos corruptos es un acto de responsabilidad cívica, no un riesgo personal injustificado.
En definitiva, la caída a 56 puntos en el IPC 2024 indica que España no está logrando consolidar una tendencia positiva y retrocede en la percepción de la corrupción. Aunque la Ley 2/2023 prometía un cambio de paradigma, la realidad es que queda mucho trabajo por delante en términos de implementación, formación y, sobre todo, voluntad política de perseguir y sancionar la corrupción al más alto nivel. Cambios como en premiar al informante, en lugar de únicamente sancionar al que comete irregularidades, ayudaría a aumentar la cultura de denuncias. Mientras no se cumplan estas premisas, la distancia entre la intención normativa y la realidad seguirá perjudicando la imagen internacional de España y las inversiones internacionales, que continuará apareciendo en el índice junto a países muy alejados de su entorno político y económico natural.
